El registro de la actividad vacunal, tanto las financiadas por estar incluidas en el calendario oficial o
para grupos de riesgo, como las no financiadas, es una obligación profesional y deontológica que
respalda al personal sanitario, posibilita el seguimiento de los usuarios vacunados, la identificación
de algún lote como posible causa de fallo vacunal y permite, a su vez, el control, estimación y
provisión de vacunas en stock.